Centrales obreras peruanas convocan a nueva huelga general para este jueves 9 de febrero.
Por : Arlette Vasallo
El 7 de diciembre del 2022, la entonces vicepresidenta del Perú, Dina Boluarte asumió como presidenta de ese país tras la detención de Pedro Castillo. En su primera declaración hizo un llamado al diálogo para instalar un gobierno de unidad nacional y acusó a Castillo de intentar un golpe de Estado. Desde entonces, la presidencia de Boluarte no ha sido un camino de rosas y su sueño de ejercer el cargo hasta el 28 de Julio de 2026 es cada vez menos alcanzable. Sobre sus dos meses de mandatos te contamos en este artículo.
Más de 60 muertos.
Tras la destitución de Castillo como presidente de Perú, miles de personas exigen la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y un adelanto de elecciones para este 2023. Esta crisis política han dejado hasta el momento un saldo de 66 personas fallecidas, seis de ellas menores de edad, según cifras de la Defensoría del Pueblo.
Según estos datos, 47 personas fallecieron en enfrentamientos con las fuerzas del orden, mientras que un policía murió tras ser quemado vivo por manifestantes. El resto de las víctimas están asociadas a muertes provocadas por la inestabilidad social, como accidentes del tránsito y disturbios. Asimismo, hay más de 1809 personas heridas (entre civiles y policías) y cuantiosos daños a la infraestructura y a la economía familiar.
Un hecho particularmente sangriento ocurrió en el aeropuerto de Juliaca, en la región del Puno, donde la policía ultimó en los enfrentamiento a 18 manifestantes en un solo día. Lejos de condolerse con las víctimas, Boluarte mostró su lado más frío durante un acto público tras enterarse de los fallecimientos en esa localidad, una provincia de la sierra sur del Perú: “Salen en protesta de qué, no se entiende qué están pidiendo (…) Lo que ustedes están pidiendo es pretexto para seguir generando el caos”.
La complicidad de Boluarte ante la represión policial le ha valido el rechazo internacional y actualmente es investigada por la Fiscalía de ese país por genocidio.
Declaración de Estado de Emergencia
El 15 de enero pasado, el gobierno de Perú decretó el Estado de Emergencia en la capital Lima y también en las regiones de Cusco y Puno, esta medida le da carta blanca al Ejército para intervenir bajo el principio de mantener el orden.
En un inicio esta situación solo iba tener vigencia por 30 días, sin embargo a principios de febrero el poder ejecutivo amplió el margen de tiempo a 60 días y lo extendió a otras regiones.
La medida implica además restricción o suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito en el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales. También se establece la inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios, por10 días calendario.
Mientras, Boluarte enviaba a cientos de militares a la región del Puno, expresaba que el gobierno quería la paz y la tranquilidad. En esas declaraciones expresó “Puno no es el Perú”, generando un rechazo inmediato en la opinión pública que obligó a la Presidencia a disculparse.
Fracturas dentro del gobierno
Ya suman seis los ministros que han presentado su renuncia irrevocable desde el inicio del gobierno de Boluarte. La ministra de la Producción del Perú, Sandra Belaunde fue la última en renunciar a su cargo. Los dos primeros ministros en renunciar fueron los de Educación, Patricia Correa y el de Cultura, Jair Pérez, quienes dejaron el cargo tras la muerte de diez civiles el 15 de diciembre en Ayacucho.
Luego, el 14 de enero, los titulares del Interior, de la cartera de Trabajo y Promoción del Empleo, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, anunciaron su retiro del cargo de forma irrevocable.
A pesar de esta crisis política, el presidente del Consejo de Ministros,Alberto Otárola, ha afirmado que el Gabinete se encuentra “sólido, firme y unido”.
Los oídos sordos del Congreso
A la fecha se han presentado cuatro iniciativas en el Congreso peruano que buscaban el adelanto de las elecciones presidenciales para este año, uno de los principales reclamos de la población. Todas han sido rechazadas por el Congreso a pesar de la grave crisis política y social enLima y regiones del sur.
Ante la incapacidad del Congreso de llegar a consensos, la única salida que queda a la crisis es la renuncia de Boluarte a la presidencia. Si, efectivamente, eso sucediera, las elecciones podrían realizarse en un plazo de cuatro meses. Sin embargo, la actual mandataria teme que al renunciar sea procesada por el Poder Judicial al ser la autora mediata de las más de 60 muertes registradas durante las protestas contra su gobierno.
Apoyo de Estados Unidos
A pocas horas de la designación de Boluarte como nueva Jefa del Estado peruano, Joe Biden reconoció y celebró su gobierno. Según un portavoz del Departamento de Estado, Estados Unidos estaba ansioso por empezar a trabajar con ella y con su Administración.
En enero, durante una sesión del consejo permanente de la Organización de Estados Americanos, esa organización expresó su pleno apoyo a Boluarte en medio de la peor ola de protestas en Perú en las últimas dos décadas.
A los pocos días, en un comunicado, el presidente del comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, Michael McCaul, y el número dos de la comisión que lleva el mismo nombre en el Senado, Jim Risch, condenaron “enérgicamente los actos de violencia” y lamentaron la pérdida de vidas “que ha seguido al intento de golpe de Estado” del expresidente izquierdista Pedro Castillo en diciembre de 2022. En el texto, los congresistas republicanos aplaudieron al gobierno de Boluarte por “promover el diálogo” y elecciones anticipadas.
A principios de febrero, Estados Unidos ratificó su apoyo al gobierno peruano e instó a sus autoridades a perseguir y enjuiciar a los responsables de la violencia en las protestas y mostraron su apoyo para proteger la estabilidad y los Derechos Humanos en Perú.
Huelga Nacional indefinida
Mientras tanto, continúa la rebelión popular en las calles de Perú. El Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) al igual que la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) convocaron esta semana a una nueva movilización nacional.
Ambos gremios exigen la dimisión del Gobierno de la presidenta Dina Boluarte al que llamaron “dictadura-cívico-militar” y pedirán la consulta sobre una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución Política.
Por su parte, la región Puno advirtió que no cesarán las protestas en su localidad y anunciaron que realizarán diversas manifestaciones de forma indefinida.
