Aumento de los juicios en pandemia. Causas y condiciones

Durante el año 2020 el incremento de los hechos delictivos ha disparado el número de juicios en Cuba. Las estadísticas indican que la propia existencia de restricciones extraordinarias a causa de la situación pandémica ha traido consigo numerosos casos de indisciplina social y delitos relacionados a esto.

En este período la Fiscalía General desarrolló 2629 procesos penales asociados a la pandemia con tres líneas fundamentales: delitos vinculados a la propagación de pandemia, delitos vinculados a la economía y desacato a la autoridad en ejercicio de su labor.

Mientras muchos servicios judiciales detuviron su normal funcionamiento, el caso específico de los fiscales se vio afectado por circunstancias excepcionales como la integración de los mismos a la dirección de los grupos jurídicos de los Consejos de Defensa. Un por ciento elevado de los procesos penales que se desarrollan están relacionados al delito tipificado de propagación de epidemia, impuesto ante violaciones de las medidas establecidas por las autoridades sanitarias para evitar la expansión del COVID.

Fueron sancionadas personas que abandonaron los centros de aislamiento y otras que estando aisladas en el hogar, por lo general, viajeros provenientes del exterior, organizaron fiestas o salieron a las calles sin poseer el alta médica tras un PCR negativo.

Otro delito altamente cometido ha sido la ingestión de bebidas alcoholicas en la vía pública violando las restricciones de movilidad e incurriendo en el mal uso del nasobuco. Así como la realización de fiestas y reuniones con la participación de niños que en varias ocasiones han derivados en focos de la enfermedad.

La justicia en favor de la economía

Entre los procesos penales relacionados a perjuicios contra la economía del país se encuentran la especulación y el acaparamiento de productos comercializados en la red de comercio minorista, que son receptados y luego revendidos a precios exhorbitantes. Del mismo modo ha ocurrido con productos alimenticios y materiales de la construcción acaparados a gran escala, por lo cual los culpables enfrentan procesos por daños y perjuicios a la economía del país.

El desacato a la autoridad es una de las principales causas de encarcelamiento y desarrollo de procesos penales.

La tercera tendencia de incidencias delictivas está relacionada a acciones de desacato, desobediencia y resistencia a las autoridades en servicio, donde se han producido agresiones físicas y verbales contra oficiales de la PNR y otras fuerzas del orden como las brigadas de Lucha Contra Coleros. En muchos casos los implicados han agredido con objetos contundentes o realizando ataques entre varias personas. Por lo general, quienes han incurrido en estos delitos permanecen en prisión provisional. Aunque solo se enjuician los casos más graves tratándose los demás con sanciones administrativas como multas de entre 200 y 7 000 pesos.

Desde marzo de 2020, cuando fueron creados los grupos jurídicos de los Consejos de Administración Provinciales, el incremento del número de procesos judiciales, acuerdos de pago de multas a causa de su elevado monto y la duplicación de las mismas, también ha tenido aparejado un profundo trabajo de conjunto con los gobiernos municipales para el control y cobro de multas, así como en la lucha contra las indisciplinas sociales.

Esto no quiere decir que los esfuerzos son infalibles, pues muchas veces ante la propia cara de las autoridades se cometen delitos de este tipo sin que haya ninguna consecuencia. Queda por parte de cada ciudadano y a consciencia de los que velan por el orden de manera oficial contribuir a proteger a la población.

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