Por: Lioannis Carbonell Cabrera
Fotos: INTERNET.
En los últimos días, una experiencia ha sido compartida, una y otra vez, por usuarios en redes sociales. La ciudadana Yulieta Hernández Díaz, presidenta de la Junta General de Socios del Grupo de Construcciones Pilares, cuenta su “desafortunada” anécdota, resultado del proceso de bancarización que se implementa en el país.
“Día 1 de publicación en la Gaceta de la resolución R111/2023 del BCC (Banco Central de Cuba). Aun no vigente la misma, vamos a extraer efectivo para reembolso de caja y se nos informa en nuestra sucursal (242), que solo se pueden extraer 5000 CUP. Aun cuando mostramos la Gaceta, y explicamos que no entraba en vigencia hasta días posteriores; NO se nos permitió hacer el reembolso”, así cuenta la joven trabajadora en su perfil de Facebook.
“¿Consecuencia?: Se paraliza una obra en construcción, de un cliente estatal exportador, por un accesorio hidráulico (codo) que íbamos a comprar bajo el puente de 100 (mesitas), a un TCP (Trabajador por Cuenta Propia), en efectivo”, continúa explicando.
Hace una semana, el BCC anunció nuevas medidas de bancarización para “reordenar” los flujos monetarios en el país “de acuerdo con la Resolución número 111/2023 del Banco Central de Cuba, publicada el pasado 2 de agosto en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 55”, publicó la Agencia Cubana de Noticias.
El proceso se lleva a cabo en medio de una sostenida crisis económica matizada, entre otras cosas, por el elevado precio de las divisas en el mercado informal y la evidente escases de dinero en efectivo en las entidades bancarias del país.
Joaquín Alonso, Presidente del BCC, explicó en el espacio Mesa Redonda del pasado lunes que este “es un proceso en el que se ha venido avanzando durante algunos años, en el que participan todos los organismos de la Administración Central del Estado y Gobiernos locales, así como todos los actores económicos de la sociedad. Se potencia el uso de títulos de créditos e instrumentos bancarios, con prioridad en el uso de los medios electrónicos de pago”.
A muchas personas este proceso les trae a la memoria la implementación de la Tarea Ordenamiento hace dos años, y son diversas las opiniones que, al respecto, expresan. A veces no tan favorables teniendo en cuenta los resultados, no tan satisfactorios de la experiencia anterior.
Un colega periodista, que exige no divulgar su nombre, comenta que “el proceso de bancarización tiene un primer elemento en contra y es que se ha adoptado sin consultarlo al soberano (pueblo). Hace menos de un mes sesionó la Asamblea (Asamblea Nacional del Poder Popular en su Primer Periodo de Mandato de la X Legislatura) y esto no se trató. No fue de conocimiento popular en las transmisiones, sin embargo, se tomó la decisión casi de manera impositiva, una decisión con la que la mayoría de la población no está de acuerdo, debido a que el país no cuenta con infraestructura tecnológica para enfrentar un proceso que dice ser paulatino, pero que ya se implementa”.
La bancarización consiste en formalizar todas las operaciones y canalizarlas a través de medios legales que permiten identificar su origen y destino y que el Estado pueda ejercer sus facultades de fiscalización contra la evasión tributaria, el lavado de activos y otros delitos. Se dice que un país está bancarizado cuando la mayor parte de los pagos por un bien o servicio se hace con instrumentos como cheques, tarjetas de débito o crédito, etc., y, en consecuencia, el uso del efectivo es muy reducido.
Raúl, Técnico Medio en Contabilidad y Finanzas y estudiante de Licenciatura en Estudios Socioculturales, me explica que “este país no está preparado (para este proceso), ni siquiera estamos preparados para efectuar el pago (en su totalidad) por tarjetas magnéticas pues no existe una infraestructura sólida que permita el desarrollo eficiente del proceso. Para mí esto solo significará menos capacidad de compra para la población más vulnerable y más colas en las instituciones bancarias”.
Desde Songo La Maya, otro de mis colegas, parte del hecho de la existencia del bloqueo de Estados Unidos. “Muchos tratan de minimizarlo, de naturalizarlo, pero sí influye, sobre todo en que es una justificación para que un grupo de personas (del gobierno cubano) tome decisiones que, a veces, van contra el mismo pueblo y, como hay situación de guerra, pues dicen que hay situación de plaza sitiada y ya entonces se evidencia la efectividad, porque crea el bloqueo interno”.
Explica que “el proceso comenzó, como casi todo en este país, al revés. Empezaron a dar unas tarjetas, incluso a personas que viven en zonas súper intrincadas como Jutinicú o Yerba de Guinea (lugares donde no hay como usar esas tarjetas), o sea que no hubo un estudio real de factibilidad”.
Este colega también asume el lado positivo de la medida. La bancarización va bien, me dice, porque “ayuda a que haya menos delitos, menos ilegalidades. En Cuba es contradictorio eso. Yo creo que aquí necesitamos la informalidad porque la formalidad no sabe como manejarse o se maneja mal porque se hace sospechando del otro y/o limitando las riquezas del otro”.
Evidentemente, existen sus pros y sus contras. En Cuba es casi nula la existencia de un mercado cambiario legal y, por ejemplo, los Trabajadores por Cuenta Propia que, no es secreto, acumulan las mayores riquezas, necesitan efectivo, que ahora el banco no les permite extraer, para comprar, en el mercado informal, las divisas que necesita para importar productos.
Julio tiene 80 años, es jubilado y vive con su esposa Nancy de 70, igualmente jubilada. “La pensión la cobramos en tarjeta, pero no podemos hacer esas colas, me comenta. Él vive en San Luis, Santiago de Cuba, municipio donde solo existen dos cajeros automáticos para más de 50 000 personas. “Los vecinos nos ayudan a veces, pero no siempre pueden “jamarse” una cola de esas y yo de teléfonos no sé nada y ahora, con este proceso, casi todo se hará por esa vía”.
Aún así, Julio comprende que, de alguna manera, “esto puede ser un paso de avance” porque “la tecnología nos acomoda la vida, pero, ¿qué pasa con quienes no tenemos acceso a esa tecnología?”, me cuestiona con preocupación en su rostro. “¿Cómo compramos ahora un paquete de pollo o un aguacate si se hará más difícil acceder al dinero en efectivo?”.
Según el Ministerio de Salud Pública, en 2019 los adultos mayores en Cuba eran más de 2 millones y representaban el 20,4% de la población total del país, y se estima que entre los años 2025 y 2030 este sobrepase los 3 millones y constituyan más del 30% de los cubanos. Teniendo en cuenta las vulnerabilidades que afectan a este grupo etario en nuestra sociedad, es evidente el desafío al que se enfrentan, tanto los que tienen más edad como la dirección del país, para tratar de satisfacer sus necesidades básicas en un proceso más que complicado para las personas mayores.
“Yo soy dependienta en una cafetería particular”, me dice Daniellis, “y por suerte ahí me pagan en efectivo. Es bueno el salario y no tengo que ir al cajero, pero ahora las Mipymes no podrán retirar dinero del banco (en grandes cantidades). Eso será un problema porque tendré que sacar una tarjeta y luego tendré el mismo problema que tiene la mayoría de los cubanos; sacar dinero. Yo trabajo de 8 de la mañana a 12 de la noche así que, dígame usted, periodista ¿en qué tiempo puedo yo hacer eso?”
Daniellis tiene 28 años. Es joven y esa es una ventaja que tiene a su favor, pero entre su trabajo, sus dos pequeños y el ser madre soltera se le escapa todo el tiempo que podría destinar a otros quehaceres.
La mayoría de los entrevistados concuerda en que el país no cuenta con la infraestructura necesaria para llevar a cabo este proceso. Además, el hecho de limitar la extracción de dinero en efectivo a las pequeñas empresas, puede ser un lastre para el modo en que se mueven las Formas de Gestión no Estatales. Los bancos son incapaces de darle solución a estas cuestiones y trae consigo que se pierda la fiabilidad en esas instituciones.
