Crónica Internacional IV: de un banco comunista, la cultura libertaria y la fuerza

Por Mario Almeida

Alerta el Banco Mundial que, en 2021, cerca de 150 millones de personas podrían pasar a la pobreza extrema por culpa de la nueva peste. La parte sur de Asia, de la que poco se habla en medio de los “catarritos” de Trump, quizás ponga un tercio de ellas, mientras que África Subsahariana –donde a juzgar por los grandes medios solo parece haber elefantes y leones– le estará haciendo competencia en el rublo.

En la página web oficial de la mencionada entidad financiera, se reafirma su compromiso con erradicar la pobreza en todas las dimensiones. “Utiliza las pruebas y los análisis más recientes para respaldar a los Gobiernos en la formulación de políticas concretas que puedan ayudar a las personas más pobres de todos los países”, sentencia bajo la imagen de dos niños negros y flacos que miran a la cámara sin tener idea de dónde acabará su foto.

Si no fuera porque últimamente no me creo ni a mí mismo, ya habría llamado a par de socios rojos que tengo por ahí para celebrar con ron de bodega y croquetas a base de pan y salsa de pescado. “El Banco Mundial se cansó de los burgueses –les diría. Anda prometiendo que el Capitalismo se va”.

Después me lo pienso mejor y me controlo, no vaya a ser que me procesen en la Corte Internacional por difamar a los “decentes”.

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Este miércoles, la libertad –muy blanca ella– asfixió a la justicia en la ciudad estadounidense de Minneapolis. Derek Chauvin, el policía que meses atrás acarició con su rodilla el cuello de George Floyd –¿A quién le importa? Un negro menos…–, salió de la cárcel.

Con la ayuda de una agencia financiera, Chauvin pagó su fianza de un millón de dólares y ahora anda por ahí, el pobre, sin poder salir de Minesota o acaso contactar mínimamente con la familia del que asesinó. Como buen ciudadano, debe respetar la ley y presentarse ante el tribunal cuando se le indique. Después me vienen diciendo que los “finales felices” en Estados Unidos son mentira.

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Carlos Holmes Trujillo, ministro de Defensa de la República de Colombia, dice que “a los violentos, vándalos y terroristas hay que enfrentarlos con la fuerza legítima del Estado, así como a los intrigadores y cómplices”. 

En sus twits emplea mucho la palabra “fuerza”, juega con ella, la conjuga, la engalana, la besa y, cual si se tratase de un bien muy suyo, la promociona y vende.

“Democracia se defiende fortaleciendo fuerza pública […] Fuerza pública se fortalece actuando con respeto a la Constitución y cero tolerancia a cualquier violación de la ley”, esgrime estoico desde su perfil.

Unos pocos enemigos que “injustamente” se ha ganado, opositores al actual gobierno –de más está decir–, lacras, están pidiendo que abandone su cargo, incluso han logrado que la demanda se lleve a debate –el primero de ellos– en la Cámara de Representantes.

El “amigo” Carlos no parece nervioso; sabe lo que hace, lo que hizo y lo que seguirá haciendo. La ley y la fuerza son lo suyo. Por eso, cuando lo acusan de amparar violaciones a mujeres por parte del ejército, cuenta que apenas se trata de delitos aislados y que sus detractores solo buscan deslegitimar y estigmatizar a la fuerza pública.

Si lo increpan por asesinatos a campesinos, líderes sociales y defensores de derechos humanos, se hace un poco el sordo y asegura que los milicos “dedican su vida a crear condiciones para que podamos vivir y trabajar tranquilos”. 

No pierde ocasión para recordar que hace cuatro años el pueblo dijo “NO” a los que quisieron acabar con las armas. ¿Para qué un acuerdo de paz? ¿Para que lleguen totalitaristas al poder? 

Cuando lo imputan de concederle las llaves del país al ejército norteamericano, como si fuesen las de su propia casa, agradece a Estados Unidos por la entrega de un Hércules (avión C-130) que “contribuirá a la seguridad de los colombianos”. “La cooperación bilateral es fundamental”, señala.

Si le reprochan por el abuso de la policía contra manifestantes, sonríe diplomáticamente desde su avatar de Twitter, donde repite una y otra vez que las autoridades garantizan “el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica y democrática y acuden a la fuerza legítima dentro del marco de la Constitución”. 

Interesantes las palabras de Carlos Holmes, uno de esos políticos de la América nuestra que saben ponerle genitales al asunto para que la calma –la suya– siempre prevalezca.

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