El trabajador necesita un universo laboral y de Seguridad Social respetable y respetado; que haga valer sus principios y legislaciones día a día en aras de cerrar el paso a voluntarismos, ilegalidades y arbitrariedades.
Por: Carmen Rodríguez.
La inspección laboral ha constituido, desde épocas ancestrales, un medio eficaz para detectar violaciones de los derechos laborales, un asunto al que muchos obvian tomarle la temperatura y que casi siempre se debate en un duelo entre legalidad y anarquía, entre la norma y la sinrazón.
Porque no solo son los precios los que se violan en un país donde todo está legislado; también los derechos de los trabajadores, algo que hay que llevar a punta de lápiz si se quiere fortalecer el valor del trabajo, entregarles un universo laboral y de Seguridad Social respetable y respetado; que haga valer sus principios y legislaciones día a día en aras de cerrar el paso a voluntarismos, ilegalidades y arbitrariedades.
De eso, precisamente, se ocupa la Filial Provincial de la Oficina Nacional de Inspección del Trabajo (ONIT), la cual, según estipula el artículo 88 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), tiene la facultad y la disposición legal de tutelar el cumplimiento de la legislación laboral para contribuir al mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores, procurando que las relaciones laborales se desarrollen en un marco de trabajo decente, tal cual ha sido impulsado por la Organización Internacional del Trabajo.
No es un secreto que todas las dificultades económicas y desarticulaciones que sobrevinieron con la pandemia erosionaron la disciplina y el cumplimiento de las normativas y los asuntos más reiterativos se remiten a violaciones en materia laboral, específicamente en la incorporación al empleo y las contrataciones, pagos indebidos, no adecuado registro del tiempo de servicio de los trabajadores, el mal llenado de las tarjetas de tiempo de salario —que repercute en la jubilación— y transgresiones en las normas de seguridad y protección del trabajo, entre otras.
“Se trata —asegura Graciela Bosch Mainegra, directora de la filial espirituana de la ONIT— de proteger al hombre y salvaguardar sus derechos porque también resultan recurrentes las irregularidades con el pago de utilidades; una de las grandes deficiencias en ese sentido es que no responden al principio de que el que más aporta es el que más gana, sino que lo hacen por escala salarial, es decir, siempre va a ganar más el directivo”.
Cuando de inspecciones se trata, muchos consideran que la ONIT —que dicho sea de paso tiene un reducido grupo de inspectores, pero con un amplio aval de hasta 30 años de experiencia— pasa, detecta violaciones, las remueve, pero al final de la historia todo sigue igual para el trabajador.
Los números que registró la provincia el pasado año dicen lo contrario, porque en el período de enero a diciembre se ejecutaron en Sancti Spíritus un total de 70 inspecciones, fundamentalmente a entidades de la Agricultura, del MTSS, la Construcción y la Industria Alimentaria, junto a cuatro investigaciones de accidentes y reinspecciones de accidentes mortales y 18 integrales a entidades calificadas de Regular y Mal.
Se detectaron en total 480 violaciones, en su mayoría concentradas en salarios (108), en empleo, régimen de trabajo y descanso, en materia de seguridad y salud en el trabajo, Seguridad Social y protección a la madre trabajadora, además de entidades laborales que mostraron escasa instrucción y preparación en materia de seguridad y salud del trabajo, tanto en trabajadores como en directivos.
Figuran, igualmente la falta de orden, higiene y limpieza en centros laborales, infracciones técnicas en el uso de equipos e instalaciones, y el deterioro constructivo de los locales. Pero hay numeritos que duelen y muchas de esas trasgresiones fueron caldo de cultivo para la ocurrencia, el pasado año, de cuatro accidentes mortales que involucraron a la Agricultura, Salud y Pescaspir.
¿Qué sucede después de la inspección? Se preguntan muchos. Según Yamil Castro Rodríguez, jefa del Departamento de Inspección de la ONIT, se dispusieron 190 obligaciones de hacer. Al tiempo que se dejan medidas que se deben cumplir para erradicar las violaciones, con un plazo de cumplimiento, incluidas medidas administrativas y disciplinarias y, en los casos de presuntos actos delictivos, se informa a la fiscalía competente y se solicita el inicio de procesamiento penal.
En pleno siglo XXI, la inspección del trabajo está sujeta a diversos retos en tanto el mundo laboral es cambiante, diverso e imprevisible, marcado por nuevos riesgos para la salud, el uso de las nuevas tecnologías, el envejecimiento poblacional, las tasas elevadas de empleo de mujeres y de desempleo de jóvenes, las migraciones calificadas y las nuevas formas de organización del trabajo, lo que conlleva a modificar su concepción clásica para llevar a cabo su cometido y ajustarse a las nuevas realidades que se han ido revelando.
También se impone revisar la legislación vigente sobre seguridad y salud que actualmente no contempla sanciones contundentes ante violaciones graves para que, por el bien del hombre, se dejen atrás deficiencias e insuficiencias de inspectores y empleadores, como la mejor garantía para proteger a quienes por derecho propio constituyen los hacedores de la sociedad.
(Tomado de Escambray).
