El que bien come y digiere…

– ¿La inocuidad de los alimentos? No sé qué es eso…

– ¿Una ley sobre el tema?

– No, no sabía nada. Me acabo de enterar por ti.

Con entera sinceridad, esas fueron las respuestas más comunes que se pudieron escuchar en voz de varios habitantes de La Habana, al preguntarles si conocían de la más reciente disposición jurídica que actualiza los objetivos y conceptos básicos de la política alimentaria cubana, algunos de ellos descritos desde 1982 en el Decreto-Ley No. 54 “Disposiciones Sanitarias Básicas”. 

Aunque la noticia ha sido difundida por medios nacionales de prensa, y el Decreto-Ley No. 9 “Inocuidad Alimentaria” fue publicado el 30 de octubre de 2020 a partir de la página 2 451 de la Edición Ordinaria No. 76 de la Gaceta Oficial de la República de Cuba la población (expendedores y consumidores) aún desconoce el contenido del citado documento legal. Este entrará en vigor 180 días después de su divulgación, es decir, el próximo mes de abril.

En consonancia, Mirna Pérez Bosch, cuentapropista de una cafetería en La Habana Vieja, reconoce que los trabajadores del sector no estatal se enteran de estas informaciones a través de la prensa. Sin embargo, no existe ningún organismo responsable de darles a conocer las leyes que se aprueban.

¿Y de calidad de vida?

Si se apreciara que “cerca de tres millones de personas en todo el mundo, tanto en países desarrollados como en naciones en desarrollo, mueren cada año por enfermedades transmitidas por el agua y los alimentos (ETA), y millones de personas enferman” –según la Organización de Naciones Unidas– ya sea por microorganismos y/o por sustancias químicas tóxicas, y que en Cuba se trabaja para prevenir tales padecimientos con la aprobación de regulaciones sanitarias, todos analizarían las mismas para procurar su aplicación y, con ello, asegurar una mejor calidad de vida.

De hecho, según trascendió en el semanario Opciones en el marco de las actividades por el Día Mundial de la Inocuidad Alimentaria, Nancy Fernández Rodríguez, directora general de la Oficina Nacional de Normalización (ONN), aseveró que aunque el riesgo cero nunca va a existir, todo ciudadano tiene el derecho a recibir alimentos sanos para prevenir afecciones por esa vía.

En el noticiero de la televisión cubana se dio a conocer la publicación del paquete de normas jurídicas vinculadas a la política alimentaria y sus beneficios. (Foto tomada del sitio web Cubainformación)

Aperitivo a la orden

Aprobado por el Consejo de Estado desde el 16 de abril del año en curso sobre la base de los artículos 77 y 78 de la Constitución de la República de Cuba, el Decreto-Ley No. 9 cuenta con 15 capítulos (88 artículos) y establece una serie de principios que garantizan a lo largo de la cadena alimentaria. EL mismo cuenta con un enfoque preventivo, integral y educativo, alimentos inocuos –aptos para el consumo– y nutritivos a favor de la salud humana y animal. Asimismo, persigue un desarrollo competitivo y responsable por parte de las entidades involucradas, a fin de estimular la confianza de los consumidores.

De igual modo señala que su aplicación está dirigida a toda persona natural y jurídica que interviene en la producción, elaboración, fabricación, fraccionamiento, almacenaje, envasado, transporte y comercialización de alimentos. En tanto recoge que su cumplimiento es obligatorio, tanto para el sistema empresarial y las entidades presupuestadas, como para el sector no estatal.

Para ello, la legislación está acompañada de su correspondiente reglamento descrito en el Decreto No. 18/2020 y aprobado por el Consejo de Ministros, así como por tres resoluciones de los ministerios de Salud Pública (MINSAP) –262 y 265– y de la Agricultura (MINAG) –441–. Todas estas disposiciones también están expuestas en el mencionado órgano oficial de publicidad normativa y estarán vigentes desde y en el territorio nacional, en el plazo señalado de seis meses.

En la elaboración de las nuevas resoluciones también participaron representantes de la ONN –entidad coordinadora de la inocuidad alimentaria propiamente dicha–, de otras carteras gubernamentales como los ministerios de la Industria Alimentaria (MINAL), del Transporte (MITRANS), del Comercio Interior (MINCIN) y Exterior (MINCEX), además del grupo Azcuba y otros Organismos de la Administración Central del Estado, los cuales desempeñarán diversas funciones a fin de cumplir de cada disposición.

Según precisó al diario Granma Denis Pedro Figueredo Aliaga, asesor jurídico de la ONN, esta legislación logra articular todas las resoluciones ministeriales en un mismo documento con un rango legal superior que, además, refuerza las funciones de inspección de las competentes autoridades reguladoras y asegura la prosperidad económica y el desarrollo sostenible del país.

Cuestiones de inocuidad alimentaria

Pero, ¿qué se puede entender por alimentos inocuos? Pues, como plantea el decreto-ley que se analiza, ese término se emplea si los alimentos en sí mismos o sus ingredientes “no causan daño al consumidor cuando se preparan y se consumen, o cuando se consumen de acuerdo con el uso previsto”.

Es este el concepto más general e importante que explica el documento, donde se tienen en cuenta diversas variables, como la satisfacción de los hábitos alimenticios, las reglas y normas de protección de la salud, las características organolépticas (percibidas por los órganos de los sentidos), microbiológicas o toxicológicas de los alimentos, además de los requisitos higiénico-sanitarios por parte de los manipuladores y productores para evitar contaminación, y otros peligros derivados del fraude con los mismos ingredientes, aditivos o suplementos.

Por otra parte, la inocuidad alimentaria se sustenta en varios principios, entre ellos se destacan que:

  • Los consumidores tienen derecho a alimentos inocuos, saludables, nutritivos y aptos para el consumo que satisfagan sus hábitos alimenticios, así como a estar protegidos contra prácticas comerciales deshonestas.
  • Los alimentos solo pueden ser producidos, importados, exportados, distribuidos o comercializados si cumplen las reglas y normas de protección de la salud.
  • Los diferentes sistemas de inspección y certificación para evaluar los alimentos deben asegurar su control eficaz.
  • Los que realizan la actividad de venta de alimentos deben mantener una correcta higiene en su manipulación y entrega al consumidor de acuerdo con las normas establecidas.

Sobre el tema, Waldo Collazo, jefe de turno del restaurante 5 Esquinas Trattoria, asegura que –para preservar la calidad de los comestibles– ofertan pastas frescas, porque en la mañana se prepara la elaboración del día y los productos cárnicos, como el pescado, los conservan en nailon y porcionados.

Además, “tenemos una máquina selladora al vacío, donde guardamos los agregos que utilizamos para elaborar los platos: jamón, queso, chorizo, morcilla, con el objetivo de extender la frescura de los mismos, impedir que se quemen en el congelador y evitar que entren en contacto con el oxígeno y, por tanto, prevenir la aparición de bacterias u otros gérmenes”, agregó. 

¿Alimentos en fraude?

Sí, también existe el fraude alimentario y puede ser constitutivo de delito. Consiste en el empleo deliberado de ingredientes, empaque, etiquetado y alimentos e información de los mismos, desde la adición, sustitución o representación falsa a nombre de un determinado producto, dañando así la salud de los consumidores o la economía del país.

Estos casos –de acuerdo con el reglamento complementario– “se alertan por las personas naturales o jurídicas que los detecten y los responsables responden de conformidad con lo establecido para las Infracciones en Inocuidad Alimentaria”.

Igualmente puntualiza que, luego de notificar cualquier situación sospechosa de engaño, son las autoridades nacionales reguladoras quienes investigan y determinan las medidas necesarias para evitar o erradicar prácticas desleales y dañinas en el comercio.

En conferencia de prensa con medios nacionales, la funcionaria Nancy Fernández advirtió que “si usted es consciente de que está utilizando determinados ingredientes para la elaboración de un alimento que no lleva ese componente, pero lo usa para asemejar el color, olor o sabor, usted está cometiendo una violación. Si al empaque le adiciona un atributo nutricional que no lleva, si en el etiquetado también falsea la información del producto está incurriendo en fraude y estas actitudes pudieran ocasionar un perjuicio a la salud de la población o dañar la economía nacional”.

Por tanto, también existen regulaciones para sancionar este u otro tipo de violación, como mismo se emiten disposiciones especiales a la hora de enfrentar posibles alertas o emergencias sanitarias.

De infracciones y medidas

Acciones como la imposición de multas, la ocupación de muestras y la retención o decomiso de productos y materias primas, son algunas de las medidas a aplicar si no se observa el cumplimiento de los requisitos establecidos en materia de inocuidad alimentaria.

Además, las autoridades competentes pueden clausurar establecimientos, locales y edificaciones; paralizar procesos productivos y suspender o retirar, de manera temporal o permanente, las licencias sanitarias y la inscripción en los registros de alimentos.

Para entonces, la figura de los inspectores y la transparencia de su labor son fundamentales para asegurar la calidad en el proceso, pues constituyen las autoridades facultadas para imponer las medidas correspondientes.

Al decir de Waldo Collazo, “Salud Pública de La Habana Vieja es bastante exigente durante las inspecciones y debemos guardar las muestras testigos de los alimentos durante 72 horas”. (Foto de Bismark Claro Brito)

En el caso de las multas, van desde 500 a 1 500 pesos cubanos. No obstante, si existe inconformidad con lo establecido, “se puede interponer reclamación, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de su notificación, ante la instancia superior del inspector encargado”.

Como parte de un programa de país, que se complementa al Plan Nacional de la Soberanía Alimentaria y Educación nutricional, el Decreto-Ley No.9 y su respectiva legislación resulta una respuesta integradora y multidisciplinaria, que relaciona el encadenamiento productivo, el incremento de exportaciones, la agricultura sostenible, así como el perfeccionamiento de la normalización, la metrología, la acreditación y la calidad: conceptos clave y transversales a la economía nacional y la salud individual.

Alimentos inocuos, de la granja al plato o del surco a la olla, pudiera ser la premisa fundamental de esta disposición jurídica, que aún tienen mucho camino por recorrer para su implementación. Vale, entonces, estudiarla desde ahora para abogar por nuestros derechos y el porvenir de la nación.

No olvide que el que bien come y digiere…solo de vejez se muere.

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