El Derecho Latino, en latín ius Latii, latinitas o ius latinum, era un status cívico entre los antiguos romanos. Intermedio entre la plena ciudadanía romana y los peregrinus o “no-ciudadanos”. Confería los derechos al commercium (poseer tierras en cualquiera de las ciudades latinas y realizar contratos con sus ciudadanos), connubium (contraer matrimonio legal con un residente en cualquier ciudad latina) e ius migrationis (adquirir la vecindad de cualquier ciudad latina por residir en ella de forma permanente). Los súbditos del Imperio estaban obligados a acatar las leyes romanas.

Según investigadores, en tiempos de la República quienes poseían derechos latinos tenían la mayor parte de las libertades ciudadanas, excepto el derecho al voto. Además, solo los ciudadanos romanos podían desempeñar cargos y servir en el ejército. Pero, para la mayor parte de la población, el significado de estos derechos era la pertenencia a Roma.

El uso del latín en el sistema jurídico cubano.

La ciudadanía latina se extendió a toda Italia tras la Guerra Social (91-88 a. C.), y con Julio César y Octavio Augusto, a algunas provincias occidentales. En el 212 a.C., el emperador Caracalla, mediante la Constitutio Antoniniana, procuró la plena ciudadanía a todos los hombres libres del Imperio. A partir de entonces, el ius Latii pasó a ser más una formalidad que un status peculiar.

De igual forma, la Ley de las Doce Tablas, el Derecho Pretoriano o el Corpus Iuris Civilis, tuvieron en el latín su lengua de expresión y, a través de ella, se formularon Normas Jurídicas. Estas dieron lugar a las diferentes ramas del Derecho actual. Muchas voces latinas se utilizan para el estudio e interpretación de la Doctrina y aplicación consecuente de los Principios que conforman las Leyes.

Desde los estrados de la justicia

El derecho en nuestro país posee en los cimientos la base latina. Como consecuencia, muchos de sus actos se nutren de las Instituciones del Derecho Romano.

Dichos estamentos se aplican en la práctica judicial del Derecho Civil, Penal e Internacional. Afloran en los escritos incriminatorios del fiscal, las tesituras de defensa planteadas por los abogados. Además de las resoluciones dictadas por los Tribunales en las diferentes instancias. Sea Municipal, Provincial o el Supremo, poniendo fin al proceso.

El derecho en nuestro país posee en los cimientos la base latina, por ende, muchos de sus actos se nutren de las Instituciones del Derecho Romano.

La alta judicatura del país también emplea los dogmas latinos. Sucede en respuesta a los Recursos de apelación o casación. Ejemplo de ello deriva la locución latina sine qua non, utilizada para hacer referencia a la relación de causa y efecto. Si no existe una acción, no se produce un resultado.

Otra de las máximas comúnmente aplicadas constituye In dubio pro reo (“ante la duda, a favor del reo”), principio que afirma cómo en caso de duda, se favorecerá al imputado o acusado. Es uno de los pilares del derecho penal moderno, donde el fiscal o agente estatal equivalente, debe probar la falta del acusado y no este último su inocencia. Se basa en el dictamen de que toda persona resulta inocente hasta demostrar su culpabilidad.

Asimismo, apreciamos el término jurídico ad hoc (“para fin específico”). Un abogado ad hoc es aquel designado para ese caso concreto. Por el mismo motivo, una norma o un contrato ad hoc significan los elaborados para una situación específica. Tendrán poca o nula aplicabilidad más allá de dicha situación.

El Modus operandi (“modo de operar”) se usa para referirse a cómo actuó el delincuente en una o diversas ocasiones y establecer un patrón de comportamiento en distintos delitos de una misma persona.

Del conjunto Non bis in idem (“No dos veces por lo mismo”), una defensa en procedimientos legales representa derecho fundamental, el cual prohíbe que un acusado sea enjuiciado dos veces por el mismo crimen. 

Una doctrina de suma importancia, e incluso, aparece en el Artículo 59 de la Constitución de Cuba: Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege (“Ningún delito, ninguna pena sin ley previa”). De gran uso en el derecho penal para expresar el principio de cómo, para que una conducta sea considerada un delito, debe estar instituida como tal y con anterioridad a la ejecución de esa conducta.

Por lo tanto, la existencia del delito no solo depende de la presencia previa de una disposición legal que lo declare como tal. Una pena puede ser impuesta sobre el reo en un caso determinado, cuando la legislación vigente establezca dicho castigo como sanción al delito (nulla poena sine praevia lege).

Réquiem al latín académico

Extraño resulta escuchar la mención de locuciones latinas entre los estudiantes de Derecho en la universidad. Hace algún tiempo el latín perdió su lugar como una de las asignaturas vitales para la carrera, ahora es una simple optativa que aparece ocasionalmente.

Los egresados de dicha disciplina conciben al latín de relevancia para su profesión. Antiguas generaciones, como las del abogado penal Jorge García Pírez, recibieron esta lengua y la aplican constantemente en su desempeño profesional sea mediante la escritura o en la intervención oral.

Los nuevos graduados se enfrentan a una situación difícil, pero no imposible, en cuanto al tema. Algunos estudiantes de esta especialidad optan por la opción de tomar cursos que se imparten en la Facultad de Artes y Letras. La carrera de Filología mantiene tres semestres de latín básicos y uno opcional. En total resultan 4 niveles de la asignatura abiertos para cualquier interesado. No es extraño encontrar aspirantes a abogados que llegan para cursar, al menos, Introducción al Latín.

Lo cierto es que el latín desde sus inicios en Roma ocupa un sitio cumbre en el Derecho, y con sus disímiles Doctrinas o Principios, tributa por medio de los juristas, a la preservación de la sociedad cubana. Motivar el estudio del ius latinum sería un complemento útil en nuestros futuros abogados.