El Ministerio del Comercio Interior establece la facilidad de pago por plataformas electrónicas como requisito obligatorio en entidades comerciales estatales y privadas.
Para ello, la Resolución 93/ 2023 del Ministerio de Comercio Interior (MINCIN), la cual entrará en vigor dentro de 30 días, obliga a las entidades dedicadas al comercio a proporcionar a los consumidores el acceso y uso de las plataformas electrónicas de pago.
También contempla una disposición transitoria para las personas naturales y jurídicas que a la entrada en vigor de la resolución no posean las facilidades de pago por las vías mencionadas.
Estas contarán de solo 60 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor de esta disposición normativa, para garantizar dichos pagos o se le suspenderán los permisos para la actividad que realizan.
En el país hay al menos 20 mil unidades de comercio y de subordinación local que cuentan con pago electrónico; pero los actores económicos estatales y no estatales que realizan actividades rectoradas por el MINCIN, también deberán garantizar los canales para el pago electrónico.
Inalvis Smith Luben, viceministra de esa dependencia, declaró a la prensa que todo establecimiento debe tener al menos una plataforma electrónica de pago.
Asimismo, dijo Smith, que solo se exoneran de la medida las unidades en las zonas de silencio, con la correspondiente certificación de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA).
¿Y qué pasó con la bancarización?
Tras la bancarización acelerada del país, impulsada por el gobierno desde el verano, varios economistas cubanos lanzaron fuertes críticas a la medida, la cual consideraron “un corralito financiero” y un “latigazo del régimen al sector privado”.
El economista Elías Amor explicó que los sujetos sometidos a la resolución son casi todos los actores económicos, lo cual supone un esfuerzo organizativo para muchos de ellos, especialmente para los privados y de dimensiones más reducidas, que optarán por mecanismos de defensa que podrían arrastrarlos a la actividad informal.
Muchos dueños de negocios privados en Cuba se resistieron en agosto a desarrollar su actividad según las indicaciones del gobierno y rechazaron la obligatoriedad de realizar cobros mediante canales electrónicos, para así disponer del efectivo necesario para realizar pagos y otras operaciones.
