En Estados Unidos se les llama sanctuary cities o “ciudades santuario” a las ciudades que tienen políticas diseñadas para limitar su cooperación con las leyes federales de inmigración, lo que en la práctica resulta en una protección a los inmigrantes indocumentados de una posible deportación o detención por parte de las autoridades migratorias. 

No es un término legal, pero las políticas pueden establecerse en la legislación o pueden ser simplemente prácticas de las autoridades o la policía local. Por ejemplo, cuando un residente de alguna de estas ciudades es detenido o atendido por agentes, no se le pregunta por su estatus migratorio. Esto hace que una persona indocumentada, de tener contacto con la policía, no va a ser entregada a las autoridades migratorias. 

Aunque, en muchos de los casos, la policía local sí trabaja de la mano con los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) para entregarles a sospechosos con antecedentes criminales que estén bajo arresto.

En Estados Unidos hay alrededor de 300 jurisdicciones bajo esta definición. Algunos ejemplos son Miami, Los Ángeles, Seattle, San Diego, Austin, Boston, Houston, Chicago, San Francisco y Denver.

En 1979, Los Angeles fue la primera ciudad en impedir que la policía investigara el estatus migratorio de los detenidos. Posteriormente, otras jurisdicciones aplicaron estas mismas medidas. 

Más tarde, en 1989, la ciudad de San Francisco aprobó una ordenanza que prohibía el uso de los fondos de la ciudad para reforzar las leyes federales de inmigración.

Algunos políticos conservadores se han opuesto a estas políticas durante años, y han buscado leyes de inmigración más estrictas que tienen como blanco los inmigrantes indocumentados que viven en EE.UU.

Donald Trump hizo de este tema una pieza clave de la campaña que lo llevó a la Presidencia, al tiempo que dijo que apoyaría a una fuerza de deportación para enviar a sus respectivos países a los millones de inmigrantes que viven ilegalmente en EE.UU.

En 2017, con la llegada de Donald Trump a la presidencia, contrario a lo que aspiraba el mandatario que declaró como parte de su campaña electoral que las eliminaría, el número de ciudades santuario aumentó ampliamente.

Como las principales ciudades tienden a ser dirigidas por autoridades demócratas, que apoyan políticas de inmigración más tolerantes, muchas ciudades han estado envueltas en batallas con los líderes republicanos a nivel nacional por esas políticas.

Los opositores de las ciudades santuarios también citan a menudo casos de crímenes perpetrados o supuestamente perpetrados por inmigrantes indocumentados.

Por su parte, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos dijo que esas políticas inhiben su capacidad para hacer cumplir las leyes de inmigración, por lo que el tema se convierte en una controversia entre instituciones. A raíz de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001, dos años después, en el 2003, el gobierno de los Estados Unidos decide crear esta organización al fusionar el antiguo Servicio de Aduanas de los Estados Unidos (U.S. Customs Service) y el antiguo Servicio de Inmigración y Naturalización (Immigration and Naturalization Service).

Con sede en Washington D.C. esta agencia policial es clave para resguardar la seguridad nacional y pública en el territorio estadounidense. Son los agentes encargados de hacer las cumplir las leyes federales que gobiernan el control fronterizo, aduanas, comercio e inmigración. Son más de 20 000 empleados con los que cuenta ICE en sus más de 400 sedes en Estados Unidos. También tiene presencia en otros 48 países del mundo.

Al formar parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), ICE también sirve de apoyo para otras agencias federales, estatales y locales, investigando actividades delictivas y terroristas de extranjeros que residen en Estados Unidos.

Ya en 2016 el conflicto se había hecho evidente cuando el Jefe de la Policía de Los Ángeles dijo en una conferencia de prensa que la policía de esa ciudad no aceptaría como objeto de trabajo dedicarse a detener personas para preguntarle por su estatus migratorio. 

Otro aspecto complejo de las ciudades santuario es que, al ser lógicamente atractivas para los migrantes, las cantidades de personas que arriban a ellas aumenta cada año y satura los servicios sociales.

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, hizo un llamado de alerta pues la ciudad ha recibido 90 000 migrantes desde abril del año pasado. “No tenemos más espacio”, dijo el alcalde de la ciudad más grande de Estados Unidos, con 8,3 millones de habitantes.

Está previsto que la ciudad habilite pronto un refugio para 2000 migrantes, el más grande que se haya instalado en Nueva York. El alcalde responsabilizó al gobierno federal y estatal por no brindar suficientes recursos para que la ciudad ofrezca servicios sociales a los recién llegados.

Una cifra récord de 105 800 personas vive en los refugios de Nueva York en este momento, incluidos más de 54 000 solicitantes de asilo.

La situación se ha agravado luego de que los gobernadores republicanos de estados al sur han enviado a migrantes en autobús a las jurisdicciones dirigidas por demócratas, especialmente a las llamadas ciudades santuario, buscando crear presión sobre el gobierno de Joe Biden para que endurezca las medidas antiinmigrantes. 

Todo esto pone en la mira a las localidades que mantienen su política de santuario migratorio, convirtiendo el tema en uno de los más controversiales en el debate migratorio estadounidense. 

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